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sábado, 27 de diciembre de 2008

Roberto Pizarro, Ministro de Hacienda de Arrate, según última encuesta

Roberto Pizarro junto a Jorge Arrate


El Economista fue favorecido con el 31.3% de los votos
Roberto Pizarro obtuvo más alta votación en encuesta para Ministro de Hacienda

Con un tercio de los votos fue votado Roberto Pizarro, ante la pregunta ¿Quién te gustaría como Ministro de Hacienda de un gobierno presidido por Jorge Arrate?, le siguen en votación, en segundo lugar, el economista del CENDA Manuel Riesco y, en tercer lugar, el economista Demócrata Cristiano Ricardo Ffrench Davies.
Roberto Pizarro es Economista de la Universidad de Chile con estudios de Doctorado en la Universidad de Sussex, ha sido profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad de Buenos Aires, Decano de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile entre 1972 a1973. Estuvo exiliado en Argentina, donde fue detenido y apresado durante un año en el marco de la Operación Condor, trás su retorno ha sido Subdirector de Asuntos Económicos Bilaterales de la Cancillería, Ministro de Planificación en el Gobierno de Eduardo Frei, cargo al que renunció por discrepancias políticas, y Embajador en Ecuador.

Encuesta en http://www.arrate2009.cl/

viernes, 12 de septiembre de 2008

La tragedia de la educación pública

El economista y ex ministro, Roberto Pizarro recuerda en El Mostrador su paso como estudiante del Liceo de Aplicación, en su educación básica y media y recuerda con emotivo cariño a sus profesores y su exigente formación intelectual y ética.
Pizarro reconoce que el desplome del edificio del Aplicación lo ha estremecido. La educación pública está en el suelo, y el "hundimiento del Liceo Aplicación simboliza la tragedia de la educación pública y de las desigualdades que caracterizan nuestro país," afirma finalmente Roberto Pizarro.
Lee todo en El Mostrador.

sábado, 30 de agosto de 2008

EL DESGASTE

Roberto Pizarro[1]

El desgaste de la Concertación es manifiesto. La política pública no responde frente a los problemas que agobian a los chilenos, mientras los dirigentes de los partidos de gobierno están más interesados en defender cuotas de poder personales antes que restablecer los vínculos con la ciudadanía que les delegó su soberanía. La inteligencia y energía que caracterizó a la Concertación para desafiar a la dictadura se ha convertido en incapacidad para renovarse y en tolerancia con un sistema profundamente injusto.

Los ciudadanos de a pie están cansados con un Transantiago que ha afectado seriamente sus vidas cotidianas. Automovilistas y transportistas rechazan las alzas de combustibles, que la torpe política del Ministerio de Hacienda es incapaz de controlar. Las dueñas de casa se resignan ante las alzas de tarifas de los servicios públicos y se sienten humilladas con la miserable compensación que les ofrece un ministro insensible. Los niños estudiantes se rebelan ante una reforma que insiste en privilegiar la educación privada por sobre la pública. Los jóvenes estudiantes se muestran decepcionados con universidades que cobran aranceles de país desarrollado, entregando una formación de país africano. Los enfermos de bajos ingresos acumulan rabia a la espera de camas en hospitales desvencijados, con un AUGE que no les responde y médicos mal pagados. Consumidores y pequeños empresarios se muestran agobiados con tasas de interés y tarjetas de créditos usureras que les imponen la banca, supermercados y multitiendas. Los jóvenes en las poblaciones marginales se debaten entre la delincuencia y la drogadicción frente a un Estado que privilegia la represión, los aumentos de penas y la cárcel antes que la inversión en centros deportivos y escuelas técnicas para cuidarlos y educarlos.

Los problemas que cotidianamente afectan a la familia chilena obedecen no sólo a la incapacidad de la política pública. Encuentran su raíz en un sistema económico injusto y en un orden político excluyente, ambos consagrados en la Constitución del 80. Y los dirigentes de la Concertación, en vez utilizar las posiciones de poder alcanzadas en el gobierno y el Parlamento para favorecer a las capas medias y sectores de bajos ingresos, han preferido mantener el sistema que acumula riquezas para una minoría y que llena de incertidumbres, precariedades y tensiones a la mayoría de los chilenos. Es cierto que el modelo económico de injusticias lo instaló Pinochet con sus “niños de Chicago”, pero es inocultable que ha sido aceptado, consolidado y aplaudido por la gran mayoría de los dirigentes de la Concertación y sus economistas.

Tampoco la Concertación puede eludir la responsabilidad que le cabe en las exclusiones políticas que significa el sistema electoral binominal y que impide refrescar la vida pública. Es que sus dirigentes no han tenido voluntad de modificarlo porque el binominal les ayuda a jubilar en el poder, impidiendo el acceso de jóvenes y descontentos a la participación ciudadana. La mejor prueba de la complacencia de los dirigentes de la Concertación con el modelo de desigualdades y el sistema político excluyente es la reforma que introdujo Lagos a la Constitución del 80, que mantuvo intacta la institucionalidad económica y el sistema electoral binominal, agregando una vergüenza adicional: negar la decisión plebiscitaria de los chilenos en un tema trascendente.

Así las cosas, la correlación de fuerzas a favor del gran capital nacional y extranjero se ha acentuado después de 18 años de gobiernos de la Concertación. Los que mandan siguen mandando, y con más fuerza que antes porque cuentan con una riqueza mayor. Probablemente esa fuerza mayor de los fácticos y el desgaste ético que sufre la política nacional han producido esa lamentable relación entre dirigentes de la Concertación y los grupos económicos. En efecto, ahora los grandes empresarios entregan recursos para las campañas políticas y otorgan cargos en los directorios de sus empresas a ex ministros que no tienen escrúpulos en ofrecerles sus servicios de lobbystas a cambio de treinta monedas. Las autoridades económicas también prefieren reunirse con los dirigentes de los grandes empresarios antes que con los pequeños empresarios y trabajadores para dialogar sobre las políticas públicas.

Aunque el crecimiento económico ha favorecido cierto derrame para reducir la pobreza, se acentúan las desigualdades en educación, salud y previsión porque los grupos económicos y la escasa voluntad de los dirigentes de la Concertación han impedido transformar las instituciones que las fundamentan: las Isapres, las AFP y el negocio privado en la educación. Por otra parte, las autoridades económicas, que dicen estar preocupadas por la inflación, ejercen con desgano su derecho regulatorio frente la banca, supermercados y casas comerciales, que con tasas de interés usurarias agobian a consumidores modestos y pequeños empresarios. También las autoridades económicas se muestran complacidas con el ahorro que realizan en el exterior gracias a los mayores recursos generados por el alto precio del cobre, pero no despliegan mayores esfuerzos de inversión y promoción para favorecer una diversificación de la matriz productora y exportadora de recursos naturales que caracteriza a nuestro país. En estas condiciones, parece oscuro que la economía chilena y sus habitantes puedan alcanzar las fronteras del desarrollo en un periodo cercano y, más bien, las futuras generaciones se verán en peligro cuando se produzca el agotamiento de los recursos naturales.

La desesperanza continuará si no se construyen nuevos caminos económicos, sociales y políticos, que permitan entregar a todos los chilenos iguales oportunidades en la vida. Para ello habrá que terminar con esa institucionalidad perversa en educación, salud y previsión que divide a los chilenos entre ricos y pobres, cerrando oportunidades a los más modestos, estimulando la desafección y la delincuencia. Será preciso también impulsar una nueva política económica, con un Estado activo que diversifique la matriz productiva y que se juegue en apoyar el potencial, hoy reprimido, de trabajadores, pequeños empresarios y jóvenes. En suma, el país requiere una nueva estrategia de desarrollo en que sus agentes fundamentales sean los marginados de hoy, con una nueva Constitución que asegure oportunidades económicas y sociales para todos los chilenos y que termine con las exclusiones políticas.



[1] Economista; ex Ministro de Planificación.

miércoles, 20 de agosto de 2008

¡Ay, la educación! por Roberto Pizarro


La educación chilena se ha convertido en una tragedia. Los tres grandes liceos fiscales, el Instituto Nacional, el Lastarria y el Liceo Aplicación, cuna de formación cívica y Alma Mater de destacados próceres republicanos, se encuentran desvencijados, con vidrios rotos, baños nauseabundos y subterráneos propios de películas de terror. A este hecho, que estremece el corazón, se agrega esa estadística lamentable de la bajísima calidad de la enseñanza básica y media, tanto en escuelas municipalizadas como en las privadas subvencionadas. Entretanto, los dueños y directivos de escuelas y universidades privadas se enriquecen con una educación convertida en negocio mientras publicitan las bondades del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo y cierran las puertas al pensamiento diverso. A su turno, las universidades tradicionales, acogotadas con una política fiscal restrictiva, torpe e indolente, se ven obligadas a financiarse con elevados aranceles, que compiten con las privadas en su agresión al bolsillo de las familias modestas de nuestro país.

El sistema educacional pinochetista ha culminado en un desastre. Los hijos de familias de bajos ingresos reproducen la miseria de sus padres en escuelas municipalizadas inservibles y subvencionadas, que enriquecen a empresarios inescrupulosos. Por su parte, la multiplicación de universidades privadas sólo ha servido para engañarnos con esa mentira del mayor acceso de los jóvenes a la educación superior. Sin embargo, en la práctica tal acceso resulta inconducente ya que todas las comparaciones internacionales revelan hasta el cansancio la bajísima calidad de nuestras universidades. Chile resulta bueno en indicadores macroeconómicos y riesgo país pero pésimo en enseñanza.

La razón está de parte de los jóvenes cuando protestan para erradicar un sistema educacional inservible y corrompido. Lamentablemente, las demandas de la masiva lucha estudiantil del 2006 fueron domesticadas por la farándula y luego anuladas con una comisión interminable que culminó en un evidente gatopardismo. Todo o casi todo es lo mismo, con la LOCE convertida en LGE, pero con las mismas escuelas bajo la tuición de municipios frágiles y con la persistencia del lucro en las escuelas subvencionadas. En tales condiciones el descontento ha recrudecido y los estudiantes vuelven a las calles, se toman establecimientos y radicalizan su lucha. Es que los jóvenes se sienten engañados.

Así las cosas, está cantado que la mala educación continuará y su división clasista se acentuará. Las mejores escuelas seguirán reservadas para los hijos de las familias ricas de Chile, con los más altos puntajes en la PSU, accediendo así a las mejores universidades. Los dueños del Poder Económico y de la elite política del país tendrán en sus descendientes asegurada la administración del sistema económico y político que controlan. Y, la segmentación social y territorial que caracteriza a estas escuelas seguirá reproduciendo en los jóvenes del barrio alto el clasismo, racismo e individualismo propio de las familias ricas.

Entretanto, persistirá la mala educación para el 90% de los niños chilenos, en las escuelas municipalizadas y privadas subvencionadas. Los que accedan a la educación superior, con sus bajos puntajes en la PSU, ingresarán a universidades de baja calidad y estudiarán profesiones sin demanda en el mercado. Crecerá el ejército de profesionales desocupados y en el mejor de los casos llegarán a servir como empleados de los jóvenes de su misma generación que serán ejecutivos de las empresas de sus padres. El futuro de los niños de Chile está definido en el nacimiento.

El sistema educacional chileno, en vez de servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades. Así es y será, con LOGE y LGE.

La demanda por una educación decente y sin discriminaciones para todos los niños, hijos de familias ricas y pobres, es justa y necesaria. Está en juego el desarrollo económico del país, que no se sostiene con la actual educación. Está en juego también la estabilidad del sistema político, con excluidos que acrecientan su violencia. Los estudiantes lo han entendido mejor que nadie y por ello exigieron el término de la LOCE, el fin del lucro y la eliminación de toda discriminación en la educación. Por ello también han rechazado la LGE la que no resuelve esa tragedia que significa la educación chilena.


13-08-08
Dibujo de Iván Appelgren

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