Exterminadores de “ratas”

Por Osvaldo Torres G., concejal PS de Peñalolén

Los militares no estuvieron solos. ¿Cuándo la sociedad pondrá en el debate las responsabilidades civiles de una dictadura que no fue sólo de los militares y los servicios de seguridad?


¡Alfredo García está en la lista!, exclamé al borde de las lágrimas. Lo había conocido en una celda de Villa Grimaldi en febrero de 1975, gracias a que el guardia Samuel Fuenzalida le dijo que buscara un ayudante para ir a jardinear en las rosas que allí había. También estaban Martín Elgueta, Jaime Buzio y Edwin van Yurick, compañeros míos en el Liceo Manuel de Salas y de quienes había sabido sobre su detención a mediados de 1974. Leía la lista de los asesinados con impotencia, con una rabia que se había transformado en llanto en medio del estado de shock en que quedamos los más de 150 prisioneros del campo de Puchuncaví.

Nuestra respuesta, conscientes del peligro de ser eliminados en otro montaje de fuga, fue preparar una huelga de hambre. Lo hicimos a fines de julio de 1975 como una respuesta a ese maldito titular de La Segunda que trataba a nuestros compañeros y compañeras como unos "ratones", "extremistas", "terroristas siniestros" que habían "muerto en su ley". Nosotros, 98 prisioneros políticos, del MIR y del Partido Socialista, decidimos protestar -el Partido Comunista no lo estimó apropiado- y asumirnos como testigos de sus detenciones por parte de la DINA. En mi calidad de presidente del Consejo de Ancianos, acompañado de Eduardo Charme (PS) e I. Balbontín (MIR), debimos entregar una carta al comandante del campo, un oficial de la Infantería de Marina que no podía creer lo que estábamos leyéndole en nuestra declaración de huelga de hambre por la verdad.

A 33 años, hay 98 encausados, todos funcionarios del Estado en esa época, evidencia judicial de que en Chile funcionó un Estado terrorista. Pero su capacidad para exterminar casi de modo impune a otros chilenos no estuvo sólo en las armas, sino en la legitimidad y sustento dado por las elites empresariales e intelectuales, como por sus medios de comunicación, a semejante acción. En Chile no se pudo hacer lo que se hizo por la sola conducta de un "grupo de militares" que actuaba de espaldas a los jueces, empresarios y políticos de la derecha. Esto demuestra también que no hubo "excesos"; es decir, algún funcionario extraviado o perverso que aplicó su propio plan particular.

Por lo anterior es que tampoco sirve contar -como lo hizo el senador de la UDI Pablo Longueira en el programa de Chilevisión Tolerancia Cero el 25 de mayo pasado (sin que ningún periodista de los presentes lo interpelara)- que nadie sabía nada, como si uno fuera un estudiante universitario ignorante, sobre las noticias de los 119, de las condenas de las Naciones Unidas, del apoyo de Jaime Guzmán al cierre del Comité pro Paz, del plebiscito contra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1978, del asesinato de Orlando Letelier y otros tantos hechos conocidos que le pudieron hacer surgir una inquietud respecto del Gobierno que apoyaba como activo "gremialista".

Pero aun más. La carencia de espíritu democrático, de apego a los derechos humanos, hace que esos argumentos sean vanos. La vida de los chilenos transcurrió durante 17 años bajo estados de excepción, transformando en normal el que la autoridad gobernara suspendiendo la ley y las garantías civiles y políticas. Esto fue apoyado de manera activa por empresarios, políticos de derecha y constitucionalistas de la "democracia protegida". La resolución del ministro Víctor Montiglio se hizo posible porque los familiares de las víctimas nunca se rindieron, por el trabajo que realizó el ministro Juan Guzmán y porque la ley de punto final nunca la pudieron imponer. Esta victoria judicial debería servir para educar a los chilenos de que las dictaduras son posibles porque existen personas y organizaciones con poder que le dan sustento a éstas y que en ello también hay responsabilidades políticas y morales. Son los padres fundadores que usaron a las Fuerzas Armadas en un proyecto de refundación del país sobre los escombros de una generación. Esta resolución muestra que los militares no estuvieron solos. ¿Cuándo la sociedad chilena pondrá en el debate las responsabilidades civiles de una dictadura que no fue sólo de los militares y los servicios de seguridad? Entrar a este debate puede evidenciar que los actuales consensos constitucionales y sobre el modelo económico no son tales, sino que están cargados del temor a cuestionar por la vía democrática, un orden nacido de una violencia que nadie quiere volver a sufrir. Pero también significa desnudar que este no es el estado natural de la sociedad, el fin de su historia. Esta resolución judicial es educativa. Los derechos humanos deben quedar en el centro del Chile que se quiere construir, de los límites inviolables de cualquier proyecto político y por tanto dan fundamento a las ideas de una nueva Constitución que ponga a Chile de acuerdo con estándares democráticos avanzados, superando la imposición que se hizo a sangre y fuego en septiembre del 1973.