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ADN Hoy 07/01/2008

Los intereses que cobra el sistema bancario será el punto de partida de la recién conformada Liga Ciudadana en Defensa del Consumidor, que es la trigésimo segunda asociación de consumidores del Chile.

"En materia legislativa hemos elaborado junto con el diputado Sergio Aguiló un proyecto de ley que ha sido suscrito por diputados de todos los partidos para regular las comisiones que cobran los bancos, reducirlas a sólo tres tipos de comisiones y colocarles un límite", informó el representante de la entidad, Jorge Arrate.

Según el personero, este nuevo ordenamiento legal debiera impactar en las tasas de interés que cobran las grandes tiendas, que calificó de "escandalosas". En este sentido, a juicio de Arrate, los mayores abusos se cometen en el tramo de los créditos de consumo por montos menores a 200 UF, que concentra a la mayoría de las obligaciones de los chilenos.

"La tasa de interés máxima que se puede cobrar se fija todos los meses por la Superintendencia de Bancos sobre la base de agregarle un 50% a la tasa de interés corriente, que es la que cobran los bancos. Y el sistema financiero está constituido en dos bancos que controlan el 70% de las colocaciones, por lo tanto, la tasa en definitiva la fijan dos bancos", puntualizó.

Jorge Arrate indicó que lo anterior es una "falta de competencia, concentración y colusión eventualmente, no lo sé, pero verdaderamente constituye una suerte de ordeña financiera de la cual somos objeto todos los días, como si los chilenos fuésemos un establo de vacas a los que la leche de los intereses se les extrae diariamente para engrosar las altas utilidades del sistema bancario" .

Vea La Segunda

Lunes 30 de Junio de 2008
Fuente :La Segunda Online
El diputado Sergio Aguiló junto con representantes de la Liga Ciudadana en Defensa del Consumidor se reunieron este lunes con el director del Sernac, para solicitar el apoyo de dicha entidad a una iniciativa que contempla regular los excesivos intereses y comisión de los bancos y casas las comerciales.S

egún explicó el diputado Socialista, Sergio Aguiló, "la idea es normar las increíbles tasas que se están cobrando perjudicando principalmente a los sectores medios y mas pobres de nuestro país".

El parlamentario recordó que son precisamente "estos sectores quienes más se endeudan en la compra de productos, incluso, de primera necesidad como la alimentación, los remedios y del vestuario".

Sobre este mismo punto, Aguiló precisó que actualmente "los chilenos al pedir un crédito de consumo de 100 mil pesos, terminan pagando un 52% de intereses al año". Lo anterior correspondiente a 18 comisiones distintas que contemplan actualmente las instituciones financieras.

En este mismo sentido el abogado Jorge Arrate uno de los representantes de la Liga Ciudadana en Defensa del Consumidor agregó que "el sistema actual permite que existan este tipo de vacío donde los únicos perjudicados siguen siendo las familias con menos recursos".

Arrate acusó al sistema financiero de estar "diariamente ordeñando a los chilenos en beneficios de grandes consorcios que obtienen sus altísimas ganancias gracias a comisiones que generalmente están ocultas" Finalmente el representante de la ONG se mostró confiado en que el ejecutivo apoyará la iniciativa tomando en cuenta los últimos estudios que demuestran que casi el 60 por ciento de la población esta endeudada. "No podemos tampoco olvidar la enorme inflación que hemos registrado de manera sostenida este ultimo año y que hace aún más difícil la subsistencia de los chilenos de los sectores medios y bajos", concluyó Arrate.

Intervención del Diputado Sergio Aguiló
Proyecto Ley LGE
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, si las palabras de la señora ministra son sinceras, no puedo pensar lo contrario, y cree que estamos en una coyuntura histórica, al igual que en la década del 20, y que este Congreso Nacional tiene la gran responsabilidad de debatir una nueva ley para regir las tres, cuatro o cinco décadas siguientes, le pido que le quite la urgencia de “discusión inmediata” al proyecto.
(Aplausos en las tribunas)
De esa manera, podríamos hacer una discusión en todas las regiones y en el Parlamento, como merece la dignidad de los profesores, de los alumnos y de este Poder del Estado.
Si son sinceras sus palabras, no le pido que extienda el plazo a los dos años que demoró la discusión de esa ley de los años 20 en el Parlamento, sino sólo a algunos meses para realizar una discusión como Dios manda a nivel de todo el país.
(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)
El señor CERONI (Vicepresidente).- Hago la última advertencia a las personas que se encuentran en las tribunas.
Aquí las reglas son claras. El público sólo viene a escuchar las intervenciones de los señores diputados, pues están prohibidas las manifestaciones. En caso contrario, obligarán a la mesa a desalojarlos, cosa que no queremos.
Nos interesa que escuchen el debate, que vean las distintas posiciones y respeten el desarrollo de la sesión.
Puede continuar el diputado Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no es comprensible por inteligencia humana alguna, sea de centro, derecha, izquierda o de cualquier naturaleza, que se pida al Parlamento un esfuerzo de la envergadura histórica a la que estamos llamados y se coloque al proyecto urgencia de “discusión inmediata”, es decir, que debemos despacharlo en 24 horas.
Hay una contradicción conceptual en los términos que no es posible dilucidar. Por ello, esperaré alguna respuesta de la señora ministra más adelante, en el curso del debate.
Hoy, estamos debatiendo uno de esos temas de singular trascendencia relacionado directamente con el tipo de sociedad que queremos construir. No hay cómo eludir la estrechísima vinculación que existe entre el sistema educacional y el país que deseamos construir para el futuro.
Con el actual sistema educacional estamos reproduciendo una sociedad segregada y clasista, que impide la inclusión y movilidad social a través del mérito, de la calidad, de la responsabilidad e inteligencia.
El actual modelo de educación, estructurado sobre los pilares básicos de la dictadura militar, cosa que no debemos olvidar nunca, como lo hizo la ministra en su intervención, es un freno para nuestro desarrollo y una fuente de desigualdades. Este modelo tiende a cristalizar las profundas diferencias sociales que imperan en Chile, a través de un sistema formativo que antepone el lucro y la propiedad privada al interés colectivo y a la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos y ciudadanas.
La ministra decía que Chile es hijo de su sistema educativo, de su educación. Le ruego que me perdone la precisión, pero todos los países son hijos de su sistema educativo. Chile en particular es hijo del Sistema Público de educación. Los más grandes estadistas, pero también los dirigentes sindicales y gremiales, los grandes líderes del país se formaron en la educación pública.
Debemos recordar que en las décadas de los años 30, 40 y 50, gracias a los gobiernos del Frente Popular, encabezados por radicales, tuvimos la suerte de tener en sus comienzos a un Presidente que decía que gobernar era educar. Luego, se formó un sistema público, que sólo en la dictadura militar fue destruido a través de la mercantilización del sistema.
Por lo tanto, Chile sí es heredero de su educación, pero de la Pública, que es la que estamos defendiendo hoy.
Nuestra sociedad ha percibido lo que está en juego. Miles de profesores, estudiantes, padres y apoderados expresan en las calles y en las aulas su descontento con el actual modelo educativo.
En una sociedad, en muchas ocasiones apática y escéptica de lo que podamos debatir en este lugar o en otro, tiene un enorme valor cívico y ético que estos miles de compatriotas valoren el tema en discusión y exijan participar con sus propias opiniones.
No logro comprender cómo un país que recuperó su democracia con grandes sacrificios no conceda el tiempo ni el espacio suficiente para que todos quienes deseen participar puedan expresar sus opiniones.
Fui presidente de la Comisión de Salud cuando la actual Mandataria era ministra de Salud e impulsó la reforma en su área respectiva. Nueve meses discutimos esa reforma en la Cámara de Diputados, hicimos consejos participativos en todas las regiones, previo a los consejos realizados en la totalidad de las comunas.
En aquél entonces la ministra de Salud, Michelle Bachelet, se enorgullecía en decir, con toda razón, que en la reforma de la salud había participado la inmensa mayoría de los chilenos, como las juntas de vecinos, los consejos de desarrollo en los consultorios de atención primaria de las comunas, los consejos de desarrollo de nuestros hospitales de mayor y de menor complejidad, por nombrar algunos.
Presentamos 255 indicaciones en esa reforma, y la señora Ministra de Educación está preocupada porque ahora hay 30 ó 40 indicaciones. Todas fueron votadas, no hubo caos alguno. Las 255 indicaciones surgieron del debate realizado en las comunas, provincias y regiones, las que después cristalizaron en la opinión de los parlamentarios. Algunas fueron aprobadas y otras rechazadas y se enriqueció el proyecto.
Hoy, tenemos un mejor sistema de salud, aunque sigue teniendo falencias debido a que el país está en vías de desarrollo y faltan recursos. Pero las 255 indicaciones y la enorme participación que hubo detrás de ellas no generó problema a la democracia, sino más bien fue el resultado de un enorme proceso democrático, que aquí no hemos tenido.
¿Qué reclama el país, los estudiantes, los profesores, las universidades y los intelectuales? Construir un modelo educacional mixto, afianzado en un sistema público de educación de excelencia, laico, plural y gratuito. Y que asimismo, que se constituya en la garantía suprema de que todos los hijos de esta tierra puedan acceder a él y de ahí proyectar sus vidas con posibilidades ciertas de desarrollarse sin segregación ni exclusión.
Podrá haber educación particular pagada, siempre la habido; podrá haber financiamiento del Estado a algunos sostenedores privados a condición de que tengan legítima y genuina vocación por la educación, pero todo ello deberá hacerse como complemento de este sólido pilar de la Educación Pública, sin el cual ni siquiera somos viables como nación.
La Educación Pública y su misión esencial como educación de excelencia, con ingresos y recursos suficientes, con profesores capacitados y gratuita, por cierto, debiera constituir no sólo el pilar del modelo educativo chileno, sino también de la nación.
Quiero decirle a la señora ministra, porque a lo mejor estaba en otras tareas en ese momento, que varias de estas ideas se encontraban en el proyecto original. Otras debían incluirse a través de las indicaciones que preparamos algunos parlamentarios, encabezados por el diputado Carlos Montes, para enriquecer el debate e incluir los temas de la educación pública que no tenían una sola mención en el acuerdo a que se llegó con la Derecha.
¿Qué ocurrió? La Derecha le puso dos condiciones al Gobierno y éste quedó como rehén. Una, que se discuta en diez minutos, entre gallos y media noche. Digo esto después de las cuatro barreras policiales que debimos atravesar hoy para ingresar al Congreso Nacional.
La segunda es que no se hiciera ninguna mención a la educación pública, a este pilar esencial sobre el cual debe construirse el modelo educacional. Como consecuencia de ello, quedamos como rehenes de una Derecha que quiere el mercado de la educación, el lucro de la educación, que quiere que el país no discuta, porque cuando lo hace quedan en evidencia quienes están por la educación pública y quienes por el lucro y el mercado.
Si el Gobierno quiere ser rehén de la derecha, allá el Gobierno. Nosotros, los socialistas, vamos a votar en consecuencia, en coherencia con nuestros principios esenciales. Sin educación pública de calidad no hay modelo educativo viable y no hay nación viable.
He dicho.

(versión no oficial)

Jueves 19 de Junio de 2008
Fuente :La Segunda
Santiago de Chile, 19 de junio de 2008 — Una inédita orden que quiebra la historia socialista chilena habría realizado el secretario general del Partido Socialista este lunes al autorizar a las fuerzas de choque de la policía a desalojar brutalmente y detener a varios estudiantes de la Universidad de Chile que habían ocupado pacíficamente la sede partidiaria como forma de protesta contra el lucro en la educación.
Los estudiantes fueron trasladados a la tercera comisaría de carabineros y estuvieron varias horas detenidos. Al lugar concurrió el abogado y ex presidente del PS, Jorge Arrate, a quién uno de los oficiales le comunicó que la orden de ingresar a la sede del Partido la había realizado el secretario general de esta colectividad, Marcelo Schilling.
"El policía me señalo que había una carta en que el secretario general autorizaba el ingreso de las fuerzas especiales de carabineros para detener a los estudiantes", afirmó Arrate.
La toma de la sede central del PS, en calle Paris de Santiago, ocurre en momentos en que hay miles de estudiantes secundarios y universitarios protestando en el país por la mala calidad de la educación pública y por las grandes ganancias que obtienen los dueños de los establecimientos educacionales privados y subvencionados.
Ante esta inédita acción del Secretario General del PS de llamar a las fuerzas policiales para terminar con las protestas estudiantes y desalojar las oficinas de esta colectividad, Arrate señalo que "es repudiable lo ocurrido y es necesario que la directiva del PS informe de manera urgente respecto a esta situación".
"De confirmarse esta represiva forma de actuar, no queda más que Schilling renuncie porque ha violado uno de los principios fundamentales del socialismo, como es el derecho a protesta y movilización pública de los ciudadanos".

Foto de Pepe Moreno: Jorge Arrate presente libro de Salvador Allende, Presencia en la ausencia.

Por Osvaldo Torres G., concejal PS de Peñalolén

Los militares no estuvieron solos. ¿Cuándo la sociedad pondrá en el debate las responsabilidades civiles de una dictadura que no fue sólo de los militares y los servicios de seguridad?


¡Alfredo García está en la lista!, exclamé al borde de las lágrimas. Lo había conocido en una celda de Villa Grimaldi en febrero de 1975, gracias a que el guardia Samuel Fuenzalida le dijo que buscara un ayudante para ir a jardinear en las rosas que allí había. También estaban Martín Elgueta, Jaime Buzio y Edwin van Yurick, compañeros míos en el Liceo Manuel de Salas y de quienes había sabido sobre su detención a mediados de 1974. Leía la lista de los asesinados con impotencia, con una rabia que se había transformado en llanto en medio del estado de shock en que quedamos los más de 150 prisioneros del campo de Puchuncaví.

Nuestra respuesta, conscientes del peligro de ser eliminados en otro montaje de fuga, fue preparar una huelga de hambre. Lo hicimos a fines de julio de 1975 como una respuesta a ese maldito titular de La Segunda que trataba a nuestros compañeros y compañeras como unos "ratones", "extremistas", "terroristas siniestros" que habían "muerto en su ley". Nosotros, 98 prisioneros políticos, del MIR y del Partido Socialista, decidimos protestar -el Partido Comunista no lo estimó apropiado- y asumirnos como testigos de sus detenciones por parte de la DINA. En mi calidad de presidente del Consejo de Ancianos, acompañado de Eduardo Charme (PS) e I. Balbontín (MIR), debimos entregar una carta al comandante del campo, un oficial de la Infantería de Marina que no podía creer lo que estábamos leyéndole en nuestra declaración de huelga de hambre por la verdad.

A 33 años, hay 98 encausados, todos funcionarios del Estado en esa época, evidencia judicial de que en Chile funcionó un Estado terrorista. Pero su capacidad para exterminar casi de modo impune a otros chilenos no estuvo sólo en las armas, sino en la legitimidad y sustento dado por las elites empresariales e intelectuales, como por sus medios de comunicación, a semejante acción. En Chile no se pudo hacer lo que se hizo por la sola conducta de un "grupo de militares" que actuaba de espaldas a los jueces, empresarios y políticos de la derecha. Esto demuestra también que no hubo "excesos"; es decir, algún funcionario extraviado o perverso que aplicó su propio plan particular.

Por lo anterior es que tampoco sirve contar -como lo hizo el senador de la UDI Pablo Longueira en el programa de Chilevisión Tolerancia Cero el 25 de mayo pasado (sin que ningún periodista de los presentes lo interpelara)- que nadie sabía nada, como si uno fuera un estudiante universitario ignorante, sobre las noticias de los 119, de las condenas de las Naciones Unidas, del apoyo de Jaime Guzmán al cierre del Comité pro Paz, del plebiscito contra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1978, del asesinato de Orlando Letelier y otros tantos hechos conocidos que le pudieron hacer surgir una inquietud respecto del Gobierno que apoyaba como activo "gremialista".

Pero aun más. La carencia de espíritu democrático, de apego a los derechos humanos, hace que esos argumentos sean vanos. La vida de los chilenos transcurrió durante 17 años bajo estados de excepción, transformando en normal el que la autoridad gobernara suspendiendo la ley y las garantías civiles y políticas. Esto fue apoyado de manera activa por empresarios, políticos de derecha y constitucionalistas de la "democracia protegida". La resolución del ministro Víctor Montiglio se hizo posible porque los familiares de las víctimas nunca se rindieron, por el trabajo que realizó el ministro Juan Guzmán y porque la ley de punto final nunca la pudieron imponer. Esta victoria judicial debería servir para educar a los chilenos de que las dictaduras son posibles porque existen personas y organizaciones con poder que le dan sustento a éstas y que en ello también hay responsabilidades políticas y morales. Son los padres fundadores que usaron a las Fuerzas Armadas en un proyecto de refundación del país sobre los escombros de una generación. Esta resolución muestra que los militares no estuvieron solos. ¿Cuándo la sociedad chilena pondrá en el debate las responsabilidades civiles de una dictadura que no fue sólo de los militares y los servicios de seguridad? Entrar a este debate puede evidenciar que los actuales consensos constitucionales y sobre el modelo económico no son tales, sino que están cargados del temor a cuestionar por la vía democrática, un orden nacido de una violencia que nadie quiere volver a sufrir. Pero también significa desnudar que este no es el estado natural de la sociedad, el fin de su historia. Esta resolución judicial es educativa. Los derechos humanos deben quedar en el centro del Chile que se quiere construir, de los límites inviolables de cualquier proyecto político y por tanto dan fundamento a las ideas de una nueva Constitución que ponga a Chile de acuerdo con estándares democráticos avanzados, superando la imposición que se hizo a sangre y fuego en septiembre del 1973.

ras una reunión el martes 20 de mayo en la Fundación Futuro, el Presidente del Sifup -Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales de Chile- Carlos Soto, invitó a Sebastián Piñera a participar en un partido de fútbol benéfico para los damnificados de Chaitén y a hacer un aporte económico a dicha causa, consigna una nota de la Tercera Digital."Se le invitó a participar de la jornada en el Teatro Caupolicán con el objetivo que pusiera ocho millones para la causa", sostiene Soto. Si bien, Sebastián Piñera nunca confirmó que donaría la cifra en cuestión, con la llamada del asesor de prensa asegurando la presencia del precandidato, se dio por hecho que el trato estaba sellado.El día del evento Sebastián Piñera llegó junto a un grupo de personas, las que entraron gracias a las 50 entradas que el ex senador RN había adquirido. "Nunca pensamos que ésa iba a ser su única ayuda", agrega el timonel de los futbolistas chilenos.En tanto, Carlos Soto indicó que Piñera entró a la cancha sin pedir autorización a nadie, siendo recibido con pifias. Terminado el evento, el Sifup le escribió una carta para recordarle lo pactado. El jueves pasado, se le entregó lo recaudado a las víctimas en la ciudad de Puerto Montt y el Sindicato no incluyó el cheque de Piñera.
Así, se tomó la determinación de devolver el cheque de cien mil pesos por el uso político que se hizo del evento. "Cabe señalar que una serie de empresarios hicieron aportes similares o mayores al que prometió Sebastián Piñera y que todos pidieron mantener el anonimato", señalan la Sifup.
Arriba, en la fotografía de La Tercera, el precandidato en el momento en que se originó partede lo que hoy es una polémica.

Campaña "Bajen los intereses Bancarios"

Buscan terminar con cobros abusivos en cuentas corrientes y tarjetas de tiendas comerciales Propuesta con dos modificaciones legales intenta reducir solamente a tres los motivos por cobro de comisiones de cuentas corrientes y disminuir el porcentaje de tope máximo de intereses en los créditos de bancos y tarjetas de tiendas comerciales.

SANTIAGO, mayo 23.-

La tarjeta Presto, de Líder, tiene un millón y medio de usuarios, Falabella casi dos millones y Jumbo Cencosud poco más de un millón. Se calcula que el sector del retail ha emitido en Chile más de ocho millones de tarjetas de plástico y se ha convertido en una industria financiera que ofrece préstamos en efectivo, de rápida y fácil adjudicación pero con elevadísimas tasas de interés.

Esta información es entregada por el diputado Sergio Aguiló del Partido Socialista y el abogado líder de la "Liga Ciudadana", Jorge Arrate, quienes han iniciado la campaña "Bajen los intereses Bancarios". Junto al diputado Marco Enríquez-Ominami, del Partido Socialista, solicitaron el patrocinio del Ministro de Economía para dos proyectos de ley que buscan normar las comisiones que cobran las instituciones crediticias por diferentes trámites que realizan los clientes. Uno de ellos se refiere a los sobregiros no pactados, ya que según denuncia el representante de la ONG Liga Ciudadana "si uno se sobregira en 1.000 pesos, algunos bancos o instituciones financieras le pueden cobrar hasta 18 mil pesos de comisión".

En el proyecto de ley que busca modificar esta situación, los parlamentarios denuncian que más del 40% de las utilidades de los bancos corresponden exclusivamente a comisiones, y se calcula que de aquí a un par de años el 70% de las utilidades de la banca chilena corresponderán a este ítem.

"Algunas de las comisiones que cobran los bancos son; mantención de cuenta corriente, administración de la línea de crédito, comisión por la tarjeta de cajero automático, comisión por exceso de giros en el cajero automático en otro banco, comisión por exceso de giros en el cajero automático del mismo banco, petición de cartola y saldo en el mesón, cartola adicional a la normal, fotocopia de cualquier tipo, de cheque, de depósito, de compraventa, entre otras", indica la propuesta legal.

Por ello, la moción parlamentaria pretende agrega el artículo 39 D a Ley 19.496 que indica que las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras solo podrán cobrar comisiones por los siguientes servicios: Sobregiro no pactado, con un máximo de 5% por ciento sobre el monto utilizado; apertura y mantenimiento de cuenta corriente, con un máximo de 2 UF anuales y apertura de tarjetas de crédito, con un máximo de 2 UF anuales. Además la propuesta busca reducir el tope máximo de los intereses de los créditos 50 a un 20%. "Estudios del SERNAC, indican que los bancos han fijado en forma reiterada las tasas de interés por sobre la máxima convencional vigente. Los créditos de consumo de las casas comerciales alcanzan hoy a más de un 30 % del crédito total. Las familias chilenas han comenzado en forma alarmante a utilizar el crédito para gastos corrientes de alimentación y el 50% de la población compra a crédito", indica Arrate.

En este sentido el proyecto presentado busca "aplanar" el margen con el cual se manejan las referidas instituciones, "el reducir el techo y, de esa manera, evitar que se abuse del ciudadano que no tiene poder de negociación y es un buen pagador", según propone la segunda modificación de ley propuesta por los parlamentarios. Esta reemplaza el inciso 4º del artículo 6º de la Ley Nº 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero, y señala claramente lo siguiente: "No puede estipularse un interés que exceda en más de un 20% al corriente que rija al momento de la convención, ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de interés se denomina interés máximo convencional", con lo cual se reemplaza el 50% de tope máximo actualmente vigente.

La importancia de transparentar la información

El doctor en ciencias económicas y empresariales y académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, Christian Cancino, valora la iniciativa parlamentaria por su aporte a la transparencia de la información.

"Es muy importante fomentar el libre y fácil acceso a la información para que la gente tome mejores decisiones, pero además es muy bueno reducir el número de indicadores".

Añade que si existe una información transparente pero las condiciones crediticias y bancarias son excesivas tampoco se logra tomar la mejor decisión, por tanto es importante reducir el número de variables de cobro.

A su juicio, son los sectores medios y de menores recursos quienes utilizan estás herramientas financieras incluso para satisfacer sus necesidades más básicas, por lo cual también son los más expuestos a la morosidad y altos intereses.

Por ello, calificó como positiva esta iniciativa parlamentaria que contribuye a que el mercado se autorregule en base a condiciones más justas para el consumidor.

Gisela López Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A