Santiago de Chile, 20 de julio de 2008. (Liga Ciudadana)— Luego de reunirse con el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Gustavo Arriagada, los representantes de la Liga Ciudadana de Consumidores (LCC) y el Diputado Sergio Aguiló mostraron su preocupación por el creciente endeudamiento de los chilenos a través de tarjetas crediticias las cuales operan en un sistema de escasa regulación respecto a intereses y comisiones.
Este segmento de consumidores, en su gran mayoría de las clases bajas y medias, es la que más se endeuda con este plástico “crediticio”.
En la reunión sostenida el pasado jueves 18, el abogado representante de la LCC, Jorge Arrate afirmó que estamos preocupados “por la situación de creciente endeudamiento de las familias chilenas, que se ve agravada por él cobro de intereses y comisiones sobre los préstamos, muy superiores a los que se aplican en otros países”.
“Esto, lamentablemente, está afectando fundamentalmente a los préstamos que se otorgan hasta 200 Unidades de Fomento (UF), que son a las personas de menores ingresos. Es decir que la gente más pobre, paga los intereses más altos”, señaló Arrate.
De acuerdo a cifras de la SBIF, la cantidad de contratos de tarjetas de crédito bancarias que presentan atraso en sus pagos es cercana a las 247.000, lo que totaliza 6,5 millones de UF en morosidad.
Sin embargo, para las tarjetas de crédito no bancarias - ya sea de multitiendas, supermercados, farmacias u otros establecimientos-, la cifra de morosidad sube a 2,95 millones de contratos con morosidad, lo que se traduce en un total de 41,7 millones de UF de deudas.
En la reunión con la SBIF, se tomó conocimiento sobre los mecanismos de control que ejerce la Superintendencia sobre el Sistema financiero y bancario, sobre todo en lo relativo a la fijación de las tasas de interés.
Estos intereses son fijados por los mismos Bancos, sobre la base de promediar las tasas informadas por estos. Es decir, que en un mercado con una alta concentración, casi oligopólico, son los propios oferentes los que fijan los márgenes legales que se pueden cobrar.
Sin embargo, esta forma de regulación y control que ejerce la Superintendencia sobre los bancos, no abarca a las instituciones de tarjetas de crédito del sector comercio o retail, que aplican un 50% de recargo a los intereses bancarios, para llegar a lo que se conoce como MAXIMO INTERES LEGAL. Además, este máximo, puede evadirse elevándolo a través de comisiones adicionales y costos por transacción como los adelantos en efectivo.
Hasta el momento, no existe ninguna institución con facultades fiscalizadoras para este sector, que es ampliamente mayoritario en cuanto a la emisión de tarjetas.
Los representantes de la LCC y la SBIF dialogaron además acerca de dos proyectos de Ley que se encuentran en el Parlamento, que buscan regular esta situación (proyecto Tuma y Proyecto Aguiló). Estas iniciativas han recibido un apoyo transversal de Diputados de Gobierno y Oposición y serán vistos en las comisiones especializadas a principios de agosto.
Este segmento de consumidores, en su gran mayoría de las clases bajas y medias, es la que más se endeuda con este plástico “crediticio”.
En la reunión sostenida el pasado jueves 18, el abogado representante de la LCC, Jorge Arrate afirmó que estamos preocupados “por la situación de creciente endeudamiento de las familias chilenas, que se ve agravada por él cobro de intereses y comisiones sobre los préstamos, muy superiores a los que se aplican en otros países”.
“Esto, lamentablemente, está afectando fundamentalmente a los préstamos que se otorgan hasta 200 Unidades de Fomento (UF), que son a las personas de menores ingresos. Es decir que la gente más pobre, paga los intereses más altos”, señaló Arrate.
De acuerdo a cifras de la SBIF, la cantidad de contratos de tarjetas de crédito bancarias que presentan atraso en sus pagos es cercana a las 247.000, lo que totaliza 6,5 millones de UF en morosidad.
Sin embargo, para las tarjetas de crédito no bancarias - ya sea de multitiendas, supermercados, farmacias u otros establecimientos-, la cifra de morosidad sube a 2,95 millones de contratos con morosidad, lo que se traduce en un total de 41,7 millones de UF de deudas.
En la reunión con la SBIF, se tomó conocimiento sobre los mecanismos de control que ejerce la Superintendencia sobre el Sistema financiero y bancario, sobre todo en lo relativo a la fijación de las tasas de interés.
Estos intereses son fijados por los mismos Bancos, sobre la base de promediar las tasas informadas por estos. Es decir, que en un mercado con una alta concentración, casi oligopólico, son los propios oferentes los que fijan los márgenes legales que se pueden cobrar.
Sin embargo, esta forma de regulación y control que ejerce la Superintendencia sobre los bancos, no abarca a las instituciones de tarjetas de crédito del sector comercio o retail, que aplican un 50% de recargo a los intereses bancarios, para llegar a lo que se conoce como MAXIMO INTERES LEGAL. Además, este máximo, puede evadirse elevándolo a través de comisiones adicionales y costos por transacción como los adelantos en efectivo.
Hasta el momento, no existe ninguna institución con facultades fiscalizadoras para este sector, que es ampliamente mayoritario en cuanto a la emisión de tarjetas.
Los representantes de la LCC y la SBIF dialogaron además acerca de dos proyectos de Ley que se encuentran en el Parlamento, que buscan regular esta situación (proyecto Tuma y Proyecto Aguiló). Estas iniciativas han recibido un apoyo transversal de Diputados de Gobierno y Oposición y serán vistos en las comisiones especializadas a principios de agosto.
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