El desgaste de la Concertación es manifiesto. La política pública no responde frente a los problemas que agobian a los chilenos, mientras los dirigentes de los partidos de gobierno están más interesados en defender cuotas de poder personales antes que restablecer los vínculos con la ciudadanía que les delegó su soberanía. La inteligencia y energía que caracterizó a la Concertación para desafiar a la dictadura se ha convertido en incapacidad para renovarse y en tolerancia con un sistema profundamente injusto.
Los ciudadanos de a pie están cansados con un Transantiago que ha afectado seriamente sus vidas cotidianas. Automovilistas y transportistas rechazan las alzas de combustibles, que la torpe política del Ministerio de Hacienda es incapaz de controlar. Las dueñas de casa se resignan ante las alzas de tarifas de los servicios públicos y se sienten humilladas con la miserable compensación que les ofrece un ministro insensible. Los niños estudiantes se rebelan ante una reforma que insiste en privilegiar la educación privada por sobre la pública. Los jóvenes estudiantes se muestran decepcionados con universidades que cobran aranceles de país desarrollado, entregando una formación de país africano. Los enfermos de bajos ingresos acumulan rabia a la espera de camas en hospitales desvencijados, con un AUGE que no les responde y médicos mal pagados. Consumidores y pequeños empresarios se muestran agobiados con tasas de interés y tarjetas de créditos usureras que les imponen la banca, supermercados y multitiendas. Los jóvenes en las poblaciones marginales se debaten entre la delincuencia y la drogadicción frente a un Estado que privilegia la represión, los aumentos de penas y la cárcel antes que la inversión en centros deportivos y escuelas técnicas para cuidarlos y educarlos.
Los problemas que cotidianamente afectan a la familia chilena obedecen no sólo a la incapacidad de la política pública. Encuentran su raíz en un sistema económico injusto y en un orden político excluyente, ambos consagrados en la Constitución del 80. Y los dirigentes de la Concertación, en vez utilizar las posiciones de poder alcanzadas en el gobierno y el Parlamento para favorecer a las capas medias y sectores de bajos ingresos, han preferido mantener el sistema que acumula riquezas para una minoría y que llena de incertidumbres, precariedades y tensiones a la mayoría de los chilenos. Es cierto que el modelo económico de injusticias lo instaló Pinochet con sus“niños de Chicago”, pero es inocultable que ha sido aceptado, consolidado y aplaudido por la gran mayoría de los dirigentes de la Concertación y sus economistas.
Tampoco la Concertación puede eludir la responsabilidad que le cabe en las exclusiones políticas que significa el sistema electoral binominal y que impide refrescar la vida pública. Es que sus dirigentes no han tenido voluntad de modificarlo porque el binominal les ayuda a jubilar en el poder, impidiendo el acceso de jóvenes y descontentos a la participación ciudadana. La mejor prueba de la complacencia de los dirigentes de la Concertación con el modelo de desigualdades y el sistema político excluyente es la reforma que introdujo Lagos a la Constitución del 80, que mantuvo intacta la institucionalidad económica y el sistema electoral binominal, agregando una vergüenza adicional: negar la decisión plebiscitaria de los chilenos en un tema trascendente.
Así las cosas, la correlación de fuerzas a favor del gran capital nacional y extranjero se ha acentuado después de 18 años de gobiernos de la Concertación. Los que mandan siguen mandando, y con más fuerza que antes porque cuentan con una riqueza mayor. Probablemente esa fuerza mayor de los fácticos y el desgaste ético que sufre la política nacional han producido esa lamentable relación entre dirigentes de la Concertación y los grupos económicos. En efecto, ahora los grandes empresarios entregan recursos para las campañas políticas y otorgan cargos en los directorios de sus empresas a ex ministros que no tienen escrúpulos en ofrecerles sus servicios de lobbystas a cambio de treinta monedas. Las autoridades económicas también prefieren reunirse con los dirigentes de los grandes empresarios antes que con los pequeños empresarios y trabajadores para dialogar sobre las políticas públicas.
Aunque el crecimiento económico ha favorecido cierto derrame para reducir la pobreza, se acentúan las desigualdades en educación, salud y previsión porque los grupos económicos y la escasa voluntad de los dirigentes de la Concertación han impedido transformar las instituciones que las fundamentan: las Isapres, las AFP y el negocio privado en la educación. Por otra parte, las autoridades económicas, que dicen estar preocupadas por la inflación, ejercen con desgano su derecho regulatorio frente la banca, supermercados y casas comerciales, que con tasas de interés usurarias agobian a consumidores modestos y pequeños empresarios. También las autoridades económicas se muestran complacidas con el ahorro que realizan en el exterior gracias a los mayores recursos generados por el alto precio del cobre, pero no despliegan mayores esfuerzos de inversión y promoción para favorecer una diversificación de la matriz productora y exportadora de recursos naturales que caracteriza a nuestro país. En estas condiciones, parece oscuro que la economía chilena y sus habitantes puedan alcanzar las fronteras del desarrollo en un periodo cercano y, más bien, las futuras generaciones se verán en peligro cuando se produzca el agotamiento de los recursos naturales.
La desesperanza continuará si no se construyen nuevos caminos económicos, sociales y políticos, que permitan entregar a todos los chilenos iguales oportunidades en la vida. Para ello habrá que terminar con esa institucionalidad perversa en educación, salud y previsión que divide a los chilenos entre ricos y pobres, cerrando oportunidades a los más modestos, estimulando la desafección y la delincuencia. Será preciso también impulsar una nueva política económica, con un Estado activo que diversifique la matriz productiva y que se juegue en apoyar el potencial, hoy reprimido, de trabajadores, pequeños empresarios yjóvenes. En suma, el país requiere una nueva estrategia de desarrollo en que sus agentes fundamentales sean los marginados de hoy, con una nueva Constitución que asegure oportunidades económicas y sociales para todos los chilenos y que termine con las exclusiones políticas.
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